Las corporaciones influyen tremendamente en la creación de políticas en muchas partes del mundo, incluyendo fuera de su casa matriz. Una de sus principales estrategias para influir a su favor en las políticas, es financiando las campañas de políticos corruptos, quienes hacen a un lado su responsabilidad democrática más elemental, procurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad, y, en cambio buscan su propio interés. Solamente en Estados Unidos, las corporaciones dieron mas de $1.2 millardos de dólares en donativos a las campañas políticas durante la elección de 2000. Esta práctica ha hecho de la democracia una farsa absoluta, un ejercicio de arriba hacia abajo que cada vez acerca más a los llamados adalides de la libertad al ámbito de las oligarquías.

Un signo positivo es que, debido a la protesta pública, los gobiernos están siendo empujados, a pesar de su renuencia, a regular la financiación de las campañas. Si bien hay una legislación creciente del financiamiento político en muchos países, las corporaciones tienen muchas otras estrategias para influir en la creación de políticas, y hacen que los gobiernos trabajen para beneficiar sus intereses. Sus vastos recursos, mucho mayores que los de los sindicatos, ambientalistas u asociaciones de consumidores, les proveen de una posición mucho mas poderosa para influir en los legisladores, la judicatura y por supuesto en la rama ejecutiva. En un estudio reciente de tres comités asesores estadounidenses, 108 de un total de 111 miembros eran representantes corporativos, mientras que sólo dos representaban a sindicatos y ninguno a los consumidores o a la sociedad civil. Sin embargo, encuesta tras encuesta muestran que la ciudadanía está crecientemente molesta por la conducta de las corporaciones y desea que se les regule muy de cerca, para que se hagan responsables frente a todas las comunidades que impactan con su actividad.

De esta manera, el argumento para volver a la democracia un verdadero proceso de abajo hacia arriba, tiene mucho que ver con el forzar a los gobiernos a buscar el interés público y obligar a las corporaciones a comportarse de forma socialmente responsable. En efecto, sólo podremos lograr el bienestar de todos los rangos de la sociedad alcanzando una democracia realmente participativa, y esto sólo puede suceder si las sociedades civiles y globales se involucran directamente en la cosa pública. Debemos tener presente que la cultura dominante en la mayoría de las corporaciones es amoral, porque su único interés, en este ethos de capitalismo darwinista, es el valor del accionista. Así es como la búsqueda, por parte de la Sociedad Civil, de la responsabilidad social corporativa (RSC), debido a los precedentes muy ominosos del comportamiento corporativo, es una labor fundamental en la búsqueda de la participación verdaderamente democrática y de la justicia social.

En la actualidad, la RSC es estrictamente voluntaria y flexible. Como puede esperarse, todas las normas actuales de RSC están ancladas en la visión dominante de que el mercado está por encima de la gente. Hay una reticencia sistemática en muchos sectores de la sociedad civil para presionar para hacer de la RSC un marco legalmente obligatorio; que sitúe el bienestar de cada rango de la sociedad por encima del mercado, para que las corporaciones sean obligadas a cambiar sus prácticas empresariales, para ponerlas en línea con un conjunto de normas que eliminen el llamado "daño colateral" de la actividad empresarial y protejan el derecho de la gente a disfrutar de una vida digna en congruencia con la dignidad humana, como en la verdadera democracia. Ellos prefieren adecuarse a los intereses corporativos y permitirles hacer de la RSC una simple táctica para ganar competitividad al incrementar su llamada imagen percibida, especialmente ante sus mercados nicho. Esto constituye una parodia de lo que debería de ser la rendición de cuentas empresarial. La muestra más clara de esta burla es la ausencia de una norma de RSC que exija el pago de salarios dignos a todos los trabajadores, incluyendo a aquellos en las cadenas de abastecimiento, y que provea un criterio claro y un mecanismo práctico para definir un salario digno para puestos específicos en cada entorno económico específico en todo el mundo. Este es un tema tabú que las empresas y las normas actuales se rehusan a abordar.

Sin lugar a dudas, los gobiernos están en sintonía con esta posición y se oponen completamente a desarrollar cualquier clase de derecho internacional y nacional que regule la actividad corporativa para sujetar sus intereses al sostenimiento de la gente y del planeta. De este modo, el futuro de la responsabilidad social corporativa dependerá de la capacidad de la sociedad para cambiar el entorno actual. Si tenemos éxito, un nuevo paradigma que asegure el sostenimiento de la gente y el planeta reemplazará al actual paradigma darwinista. Se fracasamos, la RSC seguirá siendo una parodia de lo que debería de ser la auténtica rendición de cuentas empresarial por su impacto social y ambiental.

Arriba se ofrece una selección de los criterios de RSC más conocidos. Por razones obvias, éste es estrictamente un catálogo de recursos RSC, y no constituye de manera alguna el respaldo de LAGJS o de LISDINYS.