A pesar de que la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) fue disuelta después de 88 años – el 31 de octubre de 2006– junto con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales para formar la nueva Confederación Sindical Internacional (CSI), la siguiente valoración, publicada en abril de 2004 por la CMT, permanece en nuestra sección de recursos debido a la vigencia y relevancia de su crítica. En síntesis, el reporte exhibe la paradoja generada por el respaldo de códigos de conducta voluntarios por la mayoría de los gobiernos, lo que en sí mismo hace de la naturaleza reguladora de los gobiernos un sin sentido y del concepto corporativo de la RSC una parodia de la práctica empresarial verdaderamente responsable.

ANÁLISIS DE LA CONFEDERACIÓN MUNDIAL DEL TRABAJO

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA: ¿NUEVOS RETOS O VIEJOS DEBATES?

De acuerdo a la CMT, las instituciones públicas corporaciones y algunos sectores de la sociedad civil organizada parecen estar convencidas de que la "responsabilidad social de las empresas" es el elemento fundamental de las políticas sociales, actuales y futuras, globalmente y en todos los sectores.

Este consenso surge en un período en el que corporaciones y la misma economía de mercado atraviesan una grave crisis interna. Así lo demuestran varias prácticas "irresponsables" desde el punto de vista social y ético: quiebras fraudulentas, adquisiciones ilícitas, trampas contables, altísimos ingresos de los empresarios, irrespeto de los valores esenciales, desregulaciones y desconexión entre actividades financieras y económicas.

En lugar de considerar las legislaciones, los convenios internacionales o los convenios colectivos, diversos actores pregonan los códigos de conducta, las certificaciones sociales, el patrocinio social o cualquier otra iniciativa voluntaria.

Paradójicamente, la responsabilidad social de las empresas es un objetivo que también apoyan los poderes públicos a escala nacional e internacional. Resulta una paradoja ya que esta estrategia, aún no muy bien delimitada, pone en tela de juicio la función reguladora y arbitral del Estado y de los poderes públicos.

Con esta publicación, la CMT ha querido analizar en profundidad el concepto con el fin de evaluar el debate y sus consecuencias sobre los instrumentos nacionales e internacionales y los normativos, así como sobre el futuro de esos derechos legislativos y contractuales y sobre el contenido de las políticas sociales. En base a sus conclusiones, la CMT ofrece algunas líneas de acción y varias recomendaciones.

Baja el pdf del reporte completo aquí o la versión francesa aquí.